El término municipal de Moriles: un proceso inacabado.

Por Antonio Cortés Cortés
Cronista oficial de Moriles

Como quiera que últimamente se ha removido de nuevo el tema del término municipal de Moriles diciéndose que ese asunto no se había estudiado hasta el momento, me permito repasar las líneas generales que se han seguido en dicho proceso, remitiéndome al estudio que en su día publiqué en el libro Moriles: Estudios históricos, p.p. 46-52, basado en el extenso expediente que existe en los archivos municipales y en las actas de sesiones municipales desde los años 1912 al 1958.

Este largo proceso comienza con una primera etapa que va de junio de 1912 a febrero de 1913. El 23 de agosto de 1912, a partir de la creación de Moriles como municipio independiente, se constituyó en Córdoba la Junta Demarcadora de términos, presidida por el Ingeniero Director del Servicio Agronómico Catastral don José Fernández Bordas y formada por representantes de los Ayuntamientos de Moriles y Aguilar. Esta Junta comienza sus actuaciones aprobando en una reunión en Córdoba los límites y el croquis de la línea demarcadora así como los nombres de los propietarios de las fincas linderas; en otra reunión celebrada en el cortijo El Chato se aprobó la demarcación material y demás divisiones a que se refiere el artículo 6º de la Ley Municipal.

Pero las actuaciones de la Junta quedaron en suspenso y no consiguieron una delimitación definitiva del término por causa de los desacuerdos entre ambas partes reflejados en las Actas de las reuniones de Aguilar de fecha 27 de diciembre de 1912 y la de 4 de enero de 1913, que fue publicada definitivamente en el Boletín Oficial de la provincia nº 40 con fecha 15 de febrero de ese año. El término municipal había sido adjudicado provisionalmente por la ley de 18 de junio de 1912 (Gaceta del 25) con arreglo al artículo 7º de la ley de 23 de marzo de 1906 con una superficie de 2.194 hectáreas, 65 áreas, 25 centiáreas.

Así quedaron las cosas en una situación de provisionalidad un tanto oscura, pues las Actas municipales del 1913 y primeros meses del 14 no aparecen en los archivos y por tanto se desconocen más datos sobre el asunto. Solamente al iniciarse la 2ª República y por presiones de las organizaciones obreras, el Alcalde republicano Francisco Ruiz Dadillos inicia de nuevo los trámites en febrero de 1932 solicitando al Director General del Instituto Geográfico Estadístico y Catastral el trazado de la línea definitiva a fin de conocer los verdaderos límites del término municipal. Los trámites se inician rápidamente de acuerdo con la nueva legislación del Reglamento sobre población y términos municipales de 3 de julio de 1924. Miguel Estrada Lara realiza un plano del término con los límites que se le habían asignado y otro basado en los límites naturales del terreno “con el fin de acreditar de una manera gráfica la forma caprichosa, irregular y arbitraria en que fue cortado el término de este pueblo.”

Las organizaciones obreras presionaban para una rápida solución del problema sobre todo a causa de los trabajos agrícolas que se efectuaban en Castillo Anzur y en el final de la calle de los Pozos y la antigua Alameda. Hacía falta saber en qué término municipal se estaban realizando las labores agrícolas. En octubre de 1933 el expediente estaba prácticamente concluido y se esperaba la visita de los Ingenieros del Instituto Geográfico y Catastral para el deslinde definitivo, pero los continuos cambios políticos que se suceden a partir de diciembre del 33 que terminarían con el golpe de julio del 36 abortan de nuevo la solución del problema.

La última etapa va a durar desde el año 42 al 51, en plena época franquista, y fue iniciada por el Ayuntamiento presidido por el médico don José Jiménez Jimena. Se promueve de nuevo el expediente que es remitido con un informe al Instituto Geográfico y Catastral. El ingeniero comisionado hace una propuesta de línea demarcadora y el expediente es elevado al Ministerio de la Gobernación quien decide oír al Consejo de Estado antes de fallar sobre el asunto. Con el dictamen favorable del Consejo de Estado, el Consejo de Ministros resuelve también favorablemente conforme a la propuesta del Ministerio de la Gobernación quien publica la Orden ministerial definitiva de deslinde de términos en enero de 1947 según lo dispuesto por el Instituto Geográfico y Catastral, en sentido favorable a los intereses de Moriles.

No se hizo esperar el correspondiente Recurso Contencioso-Administrativo por parte del Ayuntamiento de Aguilar que fue resuelto, después de casi cinco años, el 21 de diciembre de 1951, revocando la Orden Ministerial de enero del 47 y dejando de nuevo inconclusa la delimitación del término municipal de Moriles. Esta sentencia del Tribunal Supremo es la última palabra legal hasta el momento.

Mirando un poco a nuestro alrededor y comparando con nuestro caso, está el de Nueva Carteya, que en 1953, vio finalizar el difícil problema del deslinde de su término municipal del de Baena. Moriles es actualmente el término municipal más pequeño de la provincia de Córdoba –reducido a 1.957 hectáreas frente a las 18.290 de promedio de toda la provincia -. No niego que un nuevo intento de acabar satisfactoriamente el proceso carezca de dificultades, sobre todo contando con la sentencia negativa del Supremo, pero también creo que vale la pena que nuestros ediles se tomen el asunto con interés y demuestren que los tiempos han cambiado. El reto está en saber si los intereses que movían a los que se opusieron con tanto empeño en que el proyecto siguiera adelante no sean los mismos que puedan mover todavía a ciertos sectores que van a hacer todo lo posible para que, a fin de cuentas, el deslinde de términos siga siendo un proceso inacabado.

Ayamonte, julio de 1999
(Publicado en Moriles, revista de feria, octubre 1999)